Argentina – El estado del Estado

El estado del Estado
Relatório Apresentado em 03 Junho 2016
Casa Rosada – Buenos Aires

Para o relatório completo em pdf Baixar da Casa Rosada Link

 

El Gobierno presentó el diagnóstico de la Administración Pública Nacional a diciembre de 2015. Fue un compromiso del Presidente en la apertura de sesiones legislativas.

El Ministerio de Defensa era en diciembre de 2015 uno de los organismos donde la falta de información y la ausencia de registros era más generalizada. Era, además, un ministerio que estaba casi desmantelado.

Se encontraron, por ejemplo, armas que no estaban registradas en ningún lado y registros de armas que después no podían encontrarse en los lugares de almacenamiento. En diciembre de 2015 el Estado argentino no sabía ni cuántas armas tenía ni dónde estaban ni, peor, quién las tenía. Como no había un registro de las compras y las ventas, y hay rastros de “robos hormiga” en diversos lugares, cualquiera pudo haber comprado armamento de guerra sin que las autoridades lo supieran. En la fábrica de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), por ejemplo, según una auditoría que detectó “descontrol en los registros y almacenamiento inadecuado de elementos bélicos”, faltaban 9.133.620 fulminantes para pistolas nueve milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL de 7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milimetros. (El fulminante es la cápsula donde se aloja el material explosivo de las municiones.)

Además, el Ministerio de Defensa se encontraba desarticulado. Contaba con el presupuesto más bajo de su historia en relación con el tamaño de la economía y se encontraba incapacitado de cumplir sus misiones y funciones. La Fuerza Aérea no contaba con aviones, la Armada no disponía de barcos y el Ejército no tenía capacidad operativa en el territorio. En el momento del cambio de gobierno, Defensa debía 4.000 millones de pesos a una enorme variedad de proveedores. Además, todo los militares cobraban la mitad de su salario en “negro”. El 70% del presupuesto del ministerio, que el año pasado fue 57.000 millones de pesos, estuvo dedicado a pagar sueldos y jubilaciones. No había margen para invertir en el crecimiento, la capacitación o la modernización de las fuerzas armadas.

En lo organizativo, el ministerio estaba partido en dos. Estaban por un lado las fuerzas armadas, bajo la dirección del ministro. Y estaba por otro, dependiendo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción, una estructura autónoma que con los años fue creciendo en presupuesto y personal. En la órbita de esta secretaría, que según los testimonios de los empleados respondía políticamente a La Cámpora, estaban las empresas dependientes del ministerio, como Fabricaciones Militares, el astillero Tandanor y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).Una de las maneras que tenía esta secretaría para manejar fondos discrecionalmente eran las transferencias de fondos a universidades nacionales. De esta manera, según cálculos de las nuevas autoridades, se transfirieron cientos de millones de pesos con poco o nulo control. Las transferencias a universidades se intensificaban en los años electorales. Por ejemplo, mientras Agustín Rossi estuvo al frente del ministerio, en épocas de campaña electoral aumentaban los fondos transferidos a las universidades nacionales del Litoral y de Santa Fe. En la misma secretaría, en el sector que correspondía al secretario, funcionaba también una oficina con entre 30 y 40 personas dedicada a la administración de redes sociales partidarias. Los empleados de esta oficina dependían formalmente de Fabricaciones Militares.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción también encargó proyectos a distintas instituciones sin pedirles evaluaciones técnicas o establecer un orden de prioridad. Por ejemplo, le encomendó a INVAP el desarrollo de aviones no tripulados en un programa llamado Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). El programa, que contó con un presupuesto de 2.700 millones de pesos en cuatro años, estudió las capacidades para desarrollar la tecnología de aeronaves no tripuladas, pero no produjo en serie, a pesar del presupuesto con el que contaba, ninguna aeronave no tripulada.

 

Además de proyectos que nunca terminaron arrojando resultados definitivos, también se encontraron programas duplicados. Un proyecto para el desarrollo de equipamiento para detectar explosivos fue solicitado (y abonado) simultáneamente al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y a la Universidad Nacional de San Martín.

“El personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro”.

Durante este tiempo, el Ministerio de Defensa y, especialmente, las empresas de su órbita incrementaron desproporcionadamente su cantidad de empleados. En el Ejército, por ejemplo, bajo el mandato del General César Milani como Jefe de Estado Mayor (2013-2015), el personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro, sin que quedaran precisiones sobre las funciones de estas personas y la pertinencia de su contratación. Además, aunque no era necesario, las autoridades de las empresas dependientes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción fueron designadas directamente a través de decretos presidenciales. Esto significaba que sólo podían ser removidos por la misma vía, lo que le quitaba autoridad al propio ministro de Defensa.

Cuando la SIGEN encontró las cuentas del ministerio, encontró un panorama parecido al de otras dependencias –gastos no rendidos, falta de control sobre el uso del dinero público–, con la particularidad de que Defensa a veces justificaba la urgencia de gastos no detallados con la excusa de actos por la conmemoración de fechas patrias. Con este procedimiento se canalizaron 4.800.000 pesos, dice el informe, sin que quedaran rastros de la descripcio?n de los servicios contratados y pagados.

El panorama de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), de Córdoba, era parecido al del resto del ministerio. A pesar de tener varios proyectos de aeronaves anunciados y en carpeta, entre ellos el relanzamiento del Pucará, FADEA no logró llevar adelante ninguno de los desarrollos para los cuales se destinaron inversiones. Tampoco se concretaron, en los plazos acordados, los servicios de mantenimiento para los que fue contratada. Entre 2013 la empresa, que tenía un sólo cliente (el propio ministerio de Defensa, dueño del 99% de sus acciones), perdió alrededor de 150 millones de pesos. En 2015, las perdieron su multiplicaron hasta los 1.400 millones de pesos.

“Tandanor tenía una deuda de 360 millones de pesos”.

Un escenario similar se encontró en el astillero Tandanor, cuya situación financiera era crítica en diciembre de 2015. Tenía una deuda de más de 360 millones de pesos y no se habían aprobado los balances de los años 2013, 2014 y 2015. Tampoco se habían realizado los pagos de las obligaciones impositivas y contribuciones, lo que provocaba serios atrasos en la operatividad del astillero e incumplimientos de compromisos de todo tipo.

Una de las principales actividades que llevó adelante el astillero es la reparación del Rompehielos Almirante Irízar, que se incendió en el año 2007. El barco, que debería haber estado de vuelta en servicio a fines de 2011 lleva ya cinco años de demora y ha excedido notoriamente su presupuesto original. Sumado a todo esto, durante todos estos años el ministerio debió recurrir al alquiler de rompehielos y aeronaves para suplir su ausencia por millones de dólares.


Fabricaciones Militares es una empresa histórica. Fue creada en 1941 y en su momento de mayor expansión llegó a administrar 15 fábricas en todo el país. Para coordinarlas, contaba con 150 empleados en su administración central en Buenos Aires. En diciembre de 2015, aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas.

Durante todos estos años, el presupuesto y la dotación de Fabricaciones Militares fueron aumentando sin relación son sus niveles de producción. En su presupuesto para 2016, confeccionado el año pasado, la empresa explicitaba que su objetivo principal es la creación de empleo.

En el momento del cambio de gobierno, Fabricaciones Militares tenía un déficit de 1.200 millones de pesos por año. A pesar de estos números rojos, la empresa llevaba varios años rechazando la posibilidad de incorporar nuevos clientes, e incluso dejó de proveer a instituciones argentinas a las que anteriormente había abastecido, como la Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad más grande del país. También dejó de comerciar con Canadá y Alemania, sus principales compradores de pólvora, y declinó presentar ofertas a un pedido de la aerolínea estadounidense Boeing, que estaba interesada en contar con Fabricaciones Militares como proveedora.

Cuando llegaron las nuevas autoridades, encontraron en la sede central de Fabricaciones Militares un estudio de televisión con tecnología de última generación, un estudio de radio y equipamiento para cine. Entre otras cosas contaba con un drone para filmaciones aéreas. Una factura mostraba que para una producción institucional se había pagado 11.000 pesos por hora por la contratación de un perro actor. Fabricaciones Militares también había adquirido los derechos de algunas canciones de Sandro, para la producción de una película que nunca se llevó adelante.

De Fabricaciones Militares dependía también la contratación de un grupo de arquitectos dedicado a producir el stand del organismo en Tecnópolis. A pesar de que la feria sólo abría sus puertas de manera estacional, estas personas estaban contratadas por el organismo durante todo el año.

Uno de los grandes anuncios de la última gestión al frente de Fabricaciones Militares fue la fabricación de vagones de tren. Para esto la empresa equipó una planta completa para la producción de vagones playos, con una inversión de 350 millones de pesos, en la que todavía resta invertir 150 millones y aún así falta un año para que pueda entrar en funcionamiento. Todo esto fue hecho sin ningún tipo de estudio de mercado. No hay demanda en el país de ese tipo de vagones. Las líneas ferroviarias que podrían llegar a necesitarlos ya tienen comprometidos los vagones necesarios por una adquisición que realizó en su momento el Ministerio del Interior, cuando tenía bajo su órbita el área de Transporte. El caso refleja no sólo la falta de sentido comercial de las empresas del ministerio sino también la escasa articulación que había entre los ministerios hasta diciembre de 2015.

“Se equipó un taller para construir vagones para los que no había demanda en el país”.

Una situación parecida a la de los vagones se dio con la producción de lanzacohetes. Fabricaciones Militares avanzó con la construcción de cinco lanzacohetes para Venezuela, antes de que el gobierno de Caracas desembolsara ningún tipo de dinero. Este equipamiento fue desarrollado específicamente a medida de las fuerzas armadas venezolanas y no es apto para su uso en Argentina. Finalmente, Venezuela nunca pagó los lanzacohetes, que están arrumbados en una dependencia del Ministerio de Defensa, sin poder ser usados por las fuerzas armadas argentinas.

Hace unos años, por otra parte, el Ministerio de Defensa transfirió a Fabricaciones Militares $125 millones para la producción de municiones. Estas municiones nunca fueron entregadas y la empresa ya no tiene el dinero, aunque no hay registro de cuál fue su destino. En diciembre de 2015 el Ministerio no tenía ni el dinero ni las municiones.

Para un proyecto de producción de balas, Fabricaciones Militares inició la compra de dos líneas de última generación. Estaban destinadas a municiones de 9 milímetros y 7,62 milímetros. Para avanzar en estas instalaciones se adquirió primero la parte más costosa del equipamiento, por la que se pagaron 30 millones de euros. Sin embargo, no se avanzó con la compra del resto del equipo, para completar la línea de producción.

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