Informe Otálvora – Costosa derrota territorial sufre Colombia ante Nicaragua

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Edgar C. Otálvora
Noticiasclic.com

Colombia sufrió una fuerte derrota diplomática, con serias consecuencias territoriales, ante Nicaragua. El hecho seguramente tendrá repercusiones en la estrategia de varios países latinoamericanos para resolver sus diferendos limítrofes.

La Corte Internacional de La Haya concedió el 19NOV12 la soberanía a Colombia sobre siete cayos situados en el Caribe y que forman parte del Archipiélago de San Andrés. Los cayos eran reclamados por Nicaragua, alegando la cercanía con sus costas.

Ya en 2007 la misma Corte había confirmado la titularidad colombiana sobre las tres principales formaciones del Archipiélago, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas decisiones sobre islas y cayos favorecían abiertamente la posición colombiana. Pero la Corte igualmente dejó sin efecto el Tratado Esguerra-Bárcenas firmado por Nicaragua y Colombia en 1928 en lo atinente al meridiano 82 como límite marítimo.

La decisión de la Corte del 19NOV12 otorgó derechos marítimos a Nicaragua sobre una extensa zona al este del meridiano 82, al norte y al sur del Archipiélago. Managua, de esta forma, obtuvo una importante proyección hacia el Caribe y zonas de pesquería y potencialmente hidrocarboníferas que hasta ahora estaban en manos de Colombia.

La decisión impactó fuertemente en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos recibió el inmediato y público apoyo incluso del expresidente Alvaro Uribe Vélez, con quien mantiene un sonoro pleito político.
A pocas horas, en la noche del 19NOV12, tras una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, fue emitido por radio y Tv un mensaje de Santos quien apareció escoltado por los expresidentes Belisario Betancourt Cuartas, Cesar Gaviria Trujillo y Andrés Pastrana Arango, así como de varios ex cancilleres. Colombia, dijo Santos, considera que la decisión de la Corte cometió serios errores al otorgar territorio a Nicaragua, lo que lo hace inaplicable dentro del marco constitucional colombiano. Anunció que dormiría la noche del 19NOV12 en San Andrés, ofreció negociar acuerdos binacionales para preservar derechos de la población colombiana del archipiélago, pero con resignación confesó que “obraremos respetando las normas jurídicas”.

Haber aceptado la participación de la Corte de La Haya para dilucidar el diferendo limítrofe con Nicaragua, es calificado como un error en medios judiciales colombianos. Gustavo Gómez, quien preside el Consejo de Estado, tras conocerse el veredicto de La Haya dijo que "perdimos mar, plataforma marítima y quedamos con un enclave en San Andrés y los Cayos, algo que ya se preveía desde el 2007, cuando decidimos poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal".

Aparte de las consideraciones jurídicas de Gómez, sobre la estrategia colombiana ante Nicaragua existió total consenso entre la élite política colombiana. La presencia del excanciller y fronterólogo Julio Londoño Paredes y del también excanciller Guillermo Fernández de Soto, coordinando la defensa de Colombia en La Haya, acompañados de un prestigioso equipo de asesores extranjeros, parecía garantía de una solución plenamente beneficiosa a los intereses colombianos. La estrategia “de derecho” ante Nicaragua fue “de Estado” y Santos sólo fue un continuador de la misma.

El equipo extranjero de abogados contratados por Nicaragua estuvo encabezado por el jurista español Antonio Remiro Brotóns. En medios diplomáticos internacionales corre el rumor, ya desde hace varios años, que los honorarios del equipo jurídico nicaragüense en su juicio en La Haya contra Colombia, fue financiado por Venezuela. Remiro Brotóns está contratado desde mediados del 2011 por el gobierno de Evo Morales para formar parte del equipo jurídico en la demanda que Bolivia intenta contra Chile por la delimitación marítima.
Ya antes, el español había asesorado al gobierno de Nestor Kirchner en su pleito contra Uruguay ante la Corte Internacional, a propósito de la construcción de una planta de celulosa a orillas del río Uruguay.

Los temores sobre una decisión “salomónica” por parte de la Corte ya existían en el gobierno Santos desde principios del año 2012. El 24ABR12, la Canciller colombiana María Ángela Holguín advirtió que cualquier cosa podía ocurrir en La Haya: “Colombia espera que todo siga como está, porque nadie está preparado para que digan ‘este pedacito ya no es de ustedes’. Tenemos que tener la mente en que cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la Corte. De todos modos, no se puede desconocer que hay un litigio. Digamos que yo soy muy optimista, pero tampoco quiero que no veamos las posibilidades que hay. Yo no puedo decir al ciento por ciento que todo va a seguir igual. No, porque finalmente estamos en un proceso ante la Corte y esta va a tomar unas decisiones”.

Las declaraciones de Holguín, que los hechos ahora le conceden la razón, fueron recibidas amargamente en Bogotá cuando fueron pronunciadas. No faltaron varios voceros políticos y parlamentarios que pidieron su dimisión en aquel entonces.

Los resultados de haber aceptado la jurisdicción de La Haya para definir el conflicto limítrofe con Nicaragua, impacta directamente sobre la histórica estrategia de Bogotá ante su otra área no delimitada: el Golfo de Venezuela.
Si bien el tema permanece oficialmente “congelado” y “a nivel bilateral” entre Caracas y Bogotá, la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo y su proyección sobre el Caribe es un asunto pendiente y siempre potencialmente conflictivo.

Desde los años sesenta, Colombia ha intentado en por lo menos dos ocasiones llevar el tema de la delimitación del Golfo de Venezuela a instancias internacionales, bajo el supuesto de títulos jurídicos que la apoyarían en su causa, restándole relevancia al ejercicio de soberanía venezolana en la zona. Curiosamente el principal argumento de la Corte para conceder a Colombia la soberanía sobre los cayos situados frente a Nicaragua, fue justamente el ejercicio continuo de soberanía colombiana sobre ellos, antes que títulos jurídicos.

Colombia seguramente tendrá que repensar su tradicional estrategia de judicializar la solución al diferendo por el Golfo de Venezuela. Apelar a una instancia judicial internacional es una línea que en el pasado ha sido ampliamente apoyada justamente por Julio Londoño Paredes, a favor de la cual provocó la Crisis de la Corbeta Caldas de 1987, en tiempos cuando ejercía como Canciller del gobierno de Virgilio Barco Vargas.

El fallo de la Corte de La Haya sobre Nicaragua-Colombia también está siendo mirado con detenimiento en cancillerías sureñas. En La Paz, Lima y Santiago de Chile deberá estarse sopesando la “lógica salomónica” con la cual el tribunal de La Haya está despachando los pleitos territoriales.

En el caso boliviano, la sentencia es un obvio aliciente para continuar en la línea de Evo Morales para llevar su diferendo marítimo contra Chile al terreno judicial en La Haya, en procura de alguna gracia “salomónica” de los jueces. Chile, en cambio, seguramente preferirá mantenerse lejos del tribunal internacional.

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