El
Gobierno pasa a controlar las tareas
de inteligencia militar
( notas Defesa @ Net - Itálicos jornal
Clarin - texto
do jornal O Globo em português - Link)
ESCANDALO
POR ESPIONAJE : MODIFICACIONES
EN UNA ACTIVIDAD ESTATAL SENSIBLE
Natasha
Niebieskikwiat
Lo decidió el Presidente después de que se
descubrieran varios casos de espionaje militar sobre civiles
en Chubut. Todas las operaciones de los servicios de inteligencia
de cada fuerza reportarán a Defensa.
De
ahora en más, las actividades de inteligencia de
los organismos de las Fuerzas Armadas estarán restringidas,
en todos sus niveles, al ministerio de Defensa. Así
lo dispuso la ministra Nilda Garré, mediante una
resolución firmada a mediados de la semana pasada,
y a la que tuvo acceso Clarín.
La
decisión, tomada por orden del presidente Néstor
Kirchner, implica que el Gobierno pasa a controlar todas
las tareas de inteligencia militar que hasta ahora reportaban
a cada fuerza. Y se definió luego del descubrimiento
de varios casos de espionaje a civiles realizados por el
Servicio de Inteligencia de la Marina.
Según
la resolución oficial, en vigencia desde el miércoles
último, será la Dirección Nacional
de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) la que
"evaluará y verificará el desarrollo
del ciclo de inteligencia" de los organismos de
las FF.AA., en sus niveles operacional y táctico,
siempre de carácter militar, y específico
de cada una de sus competencias.
A
su vez, indica el texto resuelto por la ministra, la Dirección
podrá ejercer, "en caso de ser necesario",
el "redireccionamiento de la orientación
y del planeamiento del ciclo de producción de inteligencia"
de las fuerzas.
Y
para ello se desarrollará un "procedimiento
de evaluación y verificación de todas las
actividades del ciclo de inteligencia en todos sus niveles",
de acuerdo al artículo 7 de la resolución.
Las
fuentes consultadas por Clarín coincidieron en que
la decisión de Garré estaba en estudio desde
hace meses. Pero que se aceleró sin dudas tras la
tormenta política que causaron en marzo pasado
las tareas de inteligencia interior, ilegales, sobre dirigentes
políticos, sociales y de organismos de derechos
humanos, detectadas en la base naval Almirante Zar, de Trelew,
en la provincia de Chubut.
Cuando
el país se preparaba para los actos del 30º
aniversario del último golpe militar, cayó
como una bomba la denuncia del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) en base al testimonio de un cabo principal
de la Armada. Y provocó el desplazamiento de dos
altos jefes navales, y el tambaleo del jefe de la Armada,
almirante Jorge Godoy, quien sin embargo fue respaldado
por el Presidente y la ministra Garré.
Lo
grosero del espionaje, que viola abiertamente la ley de
Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional —porque
las FF.AA. no están facultadas para hacer tareas
de inteligencia interna— , puso de manifiesto el desorden
y la superposición de organismos y fuerzas del sistema
nacional de la Defensa. De todos modos, la decisión
no afecta las tareas de la Secretaría de Inteligencia
del estado (SIDE), que depende de la Presidencia de
la Nación.
Ahora,
el artículo 1 de la resolución firmada por
Garré el miércoles explicita que el Sistema
de Inteligencia de la Defensa "tendrá por
misión asistir al ministro de Defensa en todos los
aspectos relacionados con la inteligencia necesarios
para la conducción".
Y
formaliza lo establecido por la Ley de Inteligencia nacional,
del año 2002, que establece una serie de prohibiciones
a los organismos de inteligencia. Estos no pueden "realizar
tareas represivas", ni cumplir funciones policiales
ni tampoco de investigación criminal, "salvo
ante requerimiento específico" de una autoridad
judicial competente, "en el marco de una causa concreta
sometida a su jurisdicción", o que se encuentre
autorizado por ley.
Los
organismos de inteligencia militar tampoco pueden "obtener
información, producir inteligencia o almacenar datos
sobre personas" (como se comprobó en la base
Almirante Zar) "por el solo hecho de su raza, fe
religiosa, acciones privadas, u opinión política,
o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias"
u otras.
No
pueden, además, "influir en la situación
institucional, política, militar, policial, social
y económica del país", ni "revelar
o divulgar cualquier tipo de información adquirida
en ejercicio de sus funciones", sin que medie una orden
o disposición judicial.
A
su vez, la resolución firmada por Garré establece,
en virtud de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad
Interior y de Inteligencia Nacional, que los organismos
de inteligencia pertenecientes al Estado Mayor Conjunto,
como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
"no podrán realizar" tampoco "ninguna
actividad de contrainteligencia", en cualquier
denominación que adopten.
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