23 de Abril, 2006 - 12:00 ( Brasília )

Inteligência

ARGENTINA - El Gobierno pasa a controlar las tareas de inteligencia militar

El Gobierno pasa a controlar las tareas de inteligencia militar

 

ESCANDALO POR ESPIONAJE : MODIFICACIONES
EN UNA ACTIVIDAD ESTATAL SENSIBLE




Natasha Niebieskikwiat


Lo decidió el Presidente después de que se descubrieran varios casos de espionaje militar sobre civiles en Chubut. Todas las operaciones de los servicios de inteligencia de cada fuerza reportarán a Defensa.

De ahora en más, las actividades de inteligencia de los organismos de las Fuerzas Armadas estarán restringidas, en todos sus niveles, al ministerio de Defensa. Así lo dispuso la ministra Nilda Garré, mediante una resolución firmada a mediados de la semana pasada, y a la que tuvo acceso Clarín.

La decisión, tomada por orden del presidente Néstor Kirchner, implica que el Gobierno pasa a controlar todas las tareas de inteligencia militar que hasta ahora reportaban a cada fuerza. Y se definió luego del descubrimiento de varios casos de espionaje a civiles realizados por el Servicio de Inteligencia de la Marina.

Según la resolución oficial, en vigencia desde el miércoles último, será la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) la que "evaluará y verificará el desarrollo del ciclo de inteligencia" de los organismos de las FF.AA., en sus niveles operacional y táctico, siempre de carácter militar, y específico de cada una de sus competencias.

A su vez, indica el texto resuelto por la ministra, la Dirección podrá ejercer, "en caso de ser necesario", el "redireccionamiento de la orientación y del planeamiento del ciclo de producción de inteligencia" de las fuerzas.

Y para ello se desarrollará un "procedimiento de evaluación y verificación de todas las actividades del ciclo de inteligencia en todos sus niveles", de acuerdo al artículo 7 de la resolución.

Las fuentes consultadas por Clarín coincidieron en que la decisión de Garré estaba en estudio desde hace meses. Pero que se aceleró sin dudas tras la tormenta política que causaron en marzo pasado las tareas de inteligencia interior, ilegales, sobre dirigentes políticos, sociales y de organismos de derechos humanos, detectadas en la base naval Almirante Zar, de Trelew, en la provincia de Chubut.

Cuando el país se preparaba para los actos del 30º aniversario del último golpe militar, cayó como una bomba la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base al testimonio de un cabo principal de la Armada. Y provocó el desplazamiento de dos altos jefes navales, y el tambaleo del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, quien sin embargo fue respaldado por el Presidente y la ministra Garré.

Lo grosero del espionaje, que viola abiertamente la ley de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional —porque las FF.AA. no están facultadas para hacer tareas de inteligencia interna— , puso de manifiesto el desorden y la superposición de organismos y fuerzas del sistema nacional de la Defensa. De todos modos, la decisión no afecta las tareas de la Secretaría de Inteligencia del estado (SIDE), que depende de la Presidencia de la Nación.

Ahora, el artículo 1 de la resolución firmada por Garré el miércoles explicita que el Sistema de Inteligencia de la Defensa "tendrá por misión asistir al ministro de Defensa en todos los aspectos relacionados con la inteligencia necesarios para la conducción".

Y formaliza lo establecido por la Ley de Inteligencia nacional, del año 2002, que establece una serie de prohibiciones a los organismos de inteligencia. Estos no pueden "realizar tareas represivas", ni cumplir funciones policiales ni tampoco de investigación criminal, "salvo ante requerimiento específico" de una autoridad judicial competente, "en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción", o que se encuentre autorizado por ley.

Los organismos de inteligencia militar tampoco pueden "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas" (como se comprobó en la base Almirante Zar) "por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias" u otras.

No pueden, además, "influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país", ni "revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones", sin que medie una orden o disposición judicial.

A su vez, la resolución firmada por Garré establece, en virtud de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que los organismos de inteligencia pertenecientes al Estado Mayor Conjunto, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea "no podrán realizar" tampoco "ninguna actividad de contrainteligencia", en cualquier denominación que adopten.