SEGURIDAD Y FAN

ROCÍO SAN MIGUEL

La propuesta constitucional y las regiones especiales militares Una inadvertida propuesta de enorme importancia para los cambios que pretende adelantar el Presidente de la República en el modelo de tutelaje militar de la sociedad venezolana y que no debe dejar de denunciarse públicamente es la referida a las Regiones Especiales Militares.

En efecto, el único cambio que propone el Presidente de la República al contenido actual del artículo 11 de la Constitución, es el de añadirle el siguiente texto al final: "El Presidente de la República podrá decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa, en cualquier parte del territorio y demás espacios geográficos de la República.

Igualmente podrá decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia, desastres naturales, etc." Varias consideraciones surgen de semejante propuesta. La primera de ellas es que esto forma parte del deliberado propósito de militarizar el país que adelanta el Presidente Chávez, añadiendo ahora, una nueva categoría a las áreas bajo régimen de administración especial del Estado (ABRAES), desarrolladas con fines fundamentalmente de protección ambiental en Venezuela desde 1983, cuando nace la primera Ley Orgánica de Ordenación del Territorio en el país.

En segundo lugar, debe advertirse que en el modo en que ha sido presentada esta propuesta, quedará a la absoluta discreción del Presidente Chávez decretar la creación de tales Regiones Especiales Militares, sin controles legales de ningún tipo, pues no se somete a ninguna ley ni contrapesos de otra autoridad del Estado, como queda en evidencia en la redacción, este derecho que el Presidente pretende autoasignarse.

Adicionalmente, dicho acto discrecional de militarización del país, podrá ejecutarlo el Presidente de la República en cualquier lugar donde crea conveniente y sin límites en su ámbito de aplicación geográfica o temporal -como le dé la gana en pocas palabras-, pudiendo administrar directamente estos espacios en su condición de comandante en jefe o a través de quien el crea conveniente, pues una laguna al respecto se deriva de semejante propuesta; evadiendo controles previos o posteriores a cualquier ejecución presupuestaria, todo ello en nombre de los fines estratégicos y de defensa de la República los cuales podrán ser considerados de carácter "SECRETO", conforme al Proyecto de Ley de Clasificación de Documentos relativos a la Seguridad de la Nación, que actualmente se redacta en el Ministerio de la Defensa y será sancionado, una vez aprobada la Reforma a la Constitución.

Pero hay más: El peligro de esta reforma al artículo 11 de la Constitución - la trampa como se diría en criollo-, es el de burlar el régimen actual de protección de la Constitución relativo a los Estados de Excepción, contenido en los artículos 337 al 339 de la Carta Magna, que precisamente impone controles para la protección de los derechos humanos, frente a todas aquellas situaciones en las que por razones de seguridad de la Nación se dicten medidas de excepción que restrinjan el goce de derechos y garantías constitucionales.

Uno de los mayores avances de las democracias en el continente ha sido sin duda el de la subordinación militar al poder civil, producto de las trágicas experiencias que se vivieron en materia de violación a los derechos humamos.

Venezuela sin embargo avanza hacia un modelo burocrático y constitucional de tutelaje militar de la sociedad, en el marco de un concepto indeterminado y abarcativo de la Seguridad de la Nación, que ya peligrosamente está amenazando la democracia y el respeto de los derechos humanos.