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Quieren expulsar
a brasileños
Elvio Benítez le pidió
al presidente Fernando Lugo que
le “haga callar la boca” a los sojeros.
Dijo que
no le tienen miedo a los tractores de Claudia Ruser.
“Si Lugo le tiene miedo a ellos, nosotros
no le tenemos miedo a esta gringa”, expresó
Benítez.
El polémico
dirigente campesino amenazó incluso con iniciar
acciones para expulsar a los colonos brasileños
que, según él, han invadido el territorio
nacional en complicidad con autoridades judiciales.
“No
vamos a ceder ante las presiones de Claudia Ruser
y los sectores poderosos. Vamos a exigir el cumplimiento
del programa de gobierno de Lugo. Si no hay respuesta
tenemos el derecho legítimo de apelar a medidas
extremas, de pelear y de expulsar inclusive a estos
brasileños que están invadiendo nuestras
tierras amparados por la justicia paraguaya”,
amenazó el dirigente.
Benítez
pidió una postura clara del Gobierno.
“Es
el Presidente el que debe poner orden. Ellos están
en el poder y deben actuar como gobierno, con una
posición clara y definir si van a hacer o
no el cambio que tanto pregonaron”, presionó
el polémico líder campesino. Cuestionó
además al ministro de Agricultura, Cándido
Vera Bejarano, de quien dijo que está perdido.
Reiteró que buscarán un acuerdo político
con el Gobierno y si no hay respuesta se retirarán.
Brasil
sigue con interés la crisis
El Gobierno de Brasil sigue con interés el
enfrentamiento entre campesinos y los brasileños
propietarios de inmuebles, declaró ayer una
fuente oficial de la embajada brasileña en
Asunción. A través de un funcionario,
el embajador de Brasil, Valter Pecly, hizo saber
que “acompaña el tema (la crisis en
el campo) con atención y que Brasilia está
siendo informada”.
La fuente
confiable agregó que el enfrentamiento, por
momentos armado, entre campesinos y “brasiguayos”
y/o brasileños “está siendo
manejado en Brasil en el más alto nivel pero
no vamos a hacer declaraciones oficiales por el
momento”.
El embajador
Pecly prefirió no emitir una opinión
hasta recibir precisas instrucciones de Itamaraty
(Cancillería brasileña).
El Gobierno
de Brasil solicitó, antes de asumir el presidente
Fernando Lugo, que se respete la propiedad privada
en Paraguay y que no ocurran ocupaciones ilegales
que perjudiquen las inversiones nacionales y extranjeras.
Miles de
“brasiguayos” o brasileños se
dedican en la región Oriental al cultivo
de soja en el norte y centro del país.
Las plantaciones
son cuestionadas por varias organizaciones campesinas
paraguayas, bajo el argumento que se estarían
utilizando agrotóxicos prohibidos que perjudican
el medio ambiente y la vida humana.
Un operativo fiscal-policial
detuvo a 14 campesinos
LIMA,
Dpto. de San Pedro (Cristino Peralta B., corresponsal).
Un grupo de 14 campesinos de una comisión
vecinal de supuestos sintierras fueron detenidos
ayer en un procedimiento fiscal-policial. El operativo
se realizó en la mañana de ayer, aproximadamente
a las 07:30, en 4ª Línea de la colonia
Carumbe y el inmueble es propiedad de Pedro Solchinski.
La
nómina de detenidos y recluidos en la Comisaría
18ª de Santa Rosa del Aguaray integran: Roaldo
González Servín, Mario González
Leiva, Lely Duarte, Fernando Ramón Candia,
Miguel Núñez Cabral, Wildrido Albert
Garcete, Héctor Ariel Franco. También
fueron detenidos Néstor Garcete Silvero,
Arsenio Albert Garcete, Enrique Garcete, Eudelio
Garcete, Juan Blas Garcete, Mario Alberto Candia
y Roberto Candia Barrios.
Los
mismos sostienen una lucha por la recuperación
de tierras agrícolas, explotadas por sojeros
brasileños. Quieren que los inmuebles sean
devueltos a los campesinos sin tierra paraguayos,
según Antonio Cabrera, referente de organizaciones
sociales de Lima.
Fiscalía
advirtió lo que ahora acontece
Un
claro ambiente de crispación hay entre el
Ministerio Público y el Ministerio del Interior,
ya que el fiscal general del Estado, Rubén
Candia Amarilla, aseguró ayer que ya el 20
de agosto pasado advirtió las amenazas, ocupaciones
y desocupaciones de inmuebles, en un diagnóstico
que recomendaba la solución de la que ahora
habla el ministro Rafael Filizzola: una mesa de
diálogo.
Fue
consultado sobre si tiene “informes”
de un programa de invasiones bien estructurado y
señaló que lo que cuentan es con “lo
que sucede diariamente” y de la forma en que
progresan las ocupaciones y las amenazas de ocupaciones.
“La solución no pasa porque se judicialicen
las conductas, sino que se instale en los mecanismos
del Estado el diálogo”, dijo.
El fiscal
general aclaró sin embargo que no se habla
de “zona liberada” en el interior, porque
el Ministerio Público está asistiendo
a todos los requerimientos, ejerciendo el poder
coercitivo junto con la Policía Nacional.
En una también clara “ruptura”,
Candia Amarilla dijo que no “puede dar fe”
de que se tenga una “política de Estado”
ante la problemática, pero que “cree”
que el Gobierno no va a seguir tolerando ocupaciones
de la propiedad privada.
CONVERSACIÓN
INFORMAL
La
grabación de una conversación informal
entre Candia Amarilla con periodistas fue difundida
por Radio Uno. En ella, el fiscal prácticamente
defiende las “guardias privadas” de
la Policía Nacional. Señaló
que Filizzola “pateó contra la olla”
de los comisarios y que por ello ahora la lucha
contra la delincuencia mermó.
Presidente Fernando Lugo e o Vice Fedeico Franco
na posse dia 15 de Agosto 2008
Quieren
que den señales claras
El
presidente Fernando Lugo debe decir a la ciudadanía
que existe una decisión política de
hacer la reforma agraria, reclamó Odilón
Espínola, de la Federación Nacional
Campesina.
El mismo
señaló que el mandatario se comprometió
a hacerlo, y apuntó que esperan una señal
clara del Ejecutivo en ese sentido.
“Le
reclamamos una decisión política para
la reforma agraria, ojalá lo diga a la opinión
pública”, manifestó el dirigente.
Los principales
líderes de las organizaciones cuestionaron
la postura ambigua que hasta el momento ha demostrado
el jefe de Estado en el tema campesino.
“Las
organizaciones expusieron sus planteamientos con
argumentos suficientes y está en manos del
Presidente dar el paso siguiente y avanzar en el
diálogo”, apuntó.
Espínola
acusó a los agroexportadores de buscar la
agitación y de buscar generar una guerra
civil. “La sojización del campo y la
posición de los latifundistas es una presión,
es una agitación hacia la guerra civil”,
puntualizó.
La Federación
Nacional Campesina presentó una carpeta con
propuestas al Poder Ejecutivo, donde piden que por
año se entreguen tierras a 30.000 familias
campesinas.
Dijo que
solo de esa forma, con un proyecto de asistencia
y arraigo, se podría ir paliando las necesidades
de los campesinos.
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