Desde el pasado miércoles corrieron en Caracas rumores sobre el anuncio de un paquete económico de duras consecuencias. Recientes reuniones entre miembros del equipo económico del gobierno con diputados de la Asamblea Nacional y con directivos del Banco Central hacían suponer que algo grueso se aproximaba. La palabra devaluación corría el jueves en la mañana a sotto-voce, pero ya en la tarde era un rumor generalizado.

Siguiendo el manual no escrito para estos casos, diversos analistas financieros y políticos calculaban que en caso de que la devaluación fuera una decisión tomada, la noche del viernes sería la ideal para su anuncio, ya que los venezolanos a esa hora ya se encontraban en plan de vacaciones de carnaval.

Por otra parte, el notable aumento de los precios en las recientes semanas, que se junta a los diez puntos de inflación acumulados en los cuatro últimos meses del año pasado, mantenían a los expertos atentos a una reacción oficial. Las cifras de inflación debían ser publicadas por el Banco Central el viernes.

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El viernes en la mañana, la información divulgada por el periodista José Suárez-Núñez sobre ventas nerviosas de crudo por parte de Pdvsa, vinieron a darle cuerpo al creciente rumor de sequía en las arcas oficiales. La vía devaluacionista aparecía cada vez más factible. Según Suárez-Núñez, Pdvsa exige el pago de contado de US$ 1.000 millones en una licitación de venta de crudo que deberá concretarse esta semana.

A medio día, el BCV publicó las cifras de inflación (3,4% en enero) que confirmaron el aumento masivo de los precios de bienes y servicios tras la entrada en circulación de la nueva moneda venezolana. A media tarde, el nuevo Ministro de Planificación, el teórico socialista Haiman El Troudi, citó a los periodistas para explicar los resultados inflacionarios. En una inusual comparecencia ante los medios, el ministro quiso restar importancia a los resultados de inflación, calificándolos de “inerciales”, a la vez que desmintió que estuviera en camino una devaluación de la moneda.

La aparición de El Troudi ante las cámaras, lejos de calmar los rumores, los agudizó. ¿Qué estará pasando cuando el gobierno mandó a un ministro a explicar la inflación?, era la pregunta que corría.

Las alarmas adquirieron color rojo a media tarde, cuando se conoció que el Ministerio de Finanzas, Rafael Isea, estaba convocando a una rueda de prensa en horas de la noche. ¿Qué podía ser tan importante para que se produjera una inusual convocatoria, justamente en la noche cuando comenzaba el receso de cinco días del sistema bancario?.

Ante los periodistas, Isea se limitó a informar sobre el cambio en la cabeza del organismo de recaudación tributaria (Seniat). Noticia sin duda relevante en las pugnas en el alto chavismo, pero que no ameritaba el llamado a una rueda de prensa nocturna, en vísperas del receso de carnaval.

El paquete de medidas económicas no apareció, pero quedó en el ambiente la sensación de que se está cocinando.

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El caso de La Maleta de Antonini Wilson se convirtió en septiembre pasado, en motivo de choque entre los departamentos de Estado y de Justicia de EEUU. El intento de ingresar dinero de sospechosa procedencia a Argentina y su posterior decisión de regresar a EEUU, convirtieron a Antonini en una papa caliente para las autoridades estadounidenses.

La explosión del predecible escándalo era temida en el Departamento de Estado, ya que afectaría directamente los cursos de actuación de Washington ante Caracas y Buenos Aires, en momento cuando en Argentina corría la disputa presidencial y en Venezuela se disputaba la reforma constitucional. La sostenida línea de EEUU de mantenerse lo más próximo posible del gobierno Kirchner, se vería necesariamente afectada por el caso, tal como finalmente ocurrió.

En el juego de tensiones privó el criterio del Departamento de Justicia sobre la procedencia de arrancar un proceso que sumaba por lo menos dos asuntos con mucha pulpa donde morder: el flujo de dinero negro desde Venezuela y la actuación de agentes oficiales venezolanos en territorio gringo. Corrupción y espionaje son dos atractivos temas para la actual justicia de EEUU.

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La ahora Presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dedicó claros esfuerzos durante la campaña electoral a mejorar la imagen en EEUU. Esta tendencia era vista con aprobación tanto por Washington como por Israel. Cuando el caso de La Maleta se convirtió en un proceso judicial en Miami, la ya presidenta Kirchner apenas en su primera semana de gobierno, asumió rápidamente un discurso confrontacional contra EEUU, al coro del difundido desde Caracas.

El departamento de Estado, en privado como en público transmitió a Buenos Aires un mensaje que procuraba explicar las causas del proceso, remarcando el carácter judicial y no político del mismo. La Kirchner permaneció sorda a estas explicaciones hasta esta semana cuando recibió por primera vez al Embajador de EEUU en Argentina, Earl Wayne.

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El semanario bogotano El Espectador, en su edición de este fin de semana, ofrece una entrevista con Gustavo Petro que no tiene pérdida. Petro, quien diez años atrás hacía gala de su especial amistad con Hugo Chávez, se ha distanciado del venezolano en los últimos tiempos. El congresista colombiano sostiene que Chávez (y la senadora Piedad Córdoba) cayeron en una trampa montada por Alvaro Uribe. Según el polémico parlamentario, Chávez y Córdoba entraron en una disputa verbal sin sentido con Uribe que habría fortalecido al mandatario colombiano. Petro reclama a Chávez y a Córdoba por ser responsables de que ahora Colombia esté a punto de lograr la aprobación del TLC con EEUU, de que en Washington se revisara “toda la política del plan Colombia para meternos más gringos armados” y, de que Uribe ahora tenga 80% de popularidad.

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En medio de la reciente Cumbre del Alba en Caracas, Hugo Chávez anunció la preparación de un proyecto para la creación de un pacto militar entre los miembros de ese grupo de países.

La iniciativa originó reacciones inmediatas en Ecuador y Nicaragua. El ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval negó que su país se sumaría a un pacto de defensa con Venezuela. En Nicaragua fue la oposición la que se manifestó en contra.

En todo caso, la conformación de una alianza militar ya está bien avanzada, al menos en el caso de tres de los miembros del Alba: Venezuela, Cuba y Bolivia. La incorporación de Nicaragua a esta alianza militar del Alba, pasaría por el mismo esquema que Bolivia: otorgamiento de ayuda para obras militares, suministro de equipos y presencia de efectivos militares venezolanos como parte de acuerdos gobierno a gobierno sin aprobación legislativa.