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Dezembro 2007 |
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América
Latina - Latin America
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05 Dezembro 2007
El Nuevo Pais 02 Dezembro 2007 - Venezuela
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| Venezuela
Informe Otálvora
Edgar
C. Otálvora
*** Los
aliados de Chávez controlan el Estado ecuatoriano
*** Los secretos públicos del proyecto
de la revolución ecuatoriana
*** Dos economistas de izquierda concentra todo
el poder
*** Presidencia Perpetua incluida en proyecto
constitucional de Evo Morales
Esta semana se produjo la concreción
del principal proyecto político del gobierno
ecuatoriano. En una edificación mandada
a construir por el presidente Rafael Correa en
la población de Montecristi, muy lejos
de la siempre políticamente violenta Quito,
fue instalada una Asamblea Constituyente. El órgano,
con mayoría de votos en manos del gobierno,
designó al economista Alberto Acosta como
su Presidente.
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Alberto Acosta es considerado, por muchos, como
el padre intelectual del proyecto político
que llevó a Rafael Correa a la Presidencia
de Ecuador. La designación de Acosta como
Presidente de la Asamblea Constituyente es apenas
una consecuencia lógica de la jugada a
cuatro manos que Correa y Acosta vienen realizando
desde varios años atrás.
Esto significa que aparte de la mayoría
aplastante con que cuenta el gobierno entre los
asambleístas, la conducción del
proceso de redacción y aprobación
del nuevo texto constitucional quedó en
manos de uno de los cerebros del proyecto.
Acosta, procedente de una prominente y rica familia
ecuatoriana, cursó estudios en Alemania
federal. Ha estado conectado con la izquierda
pro fidelista, por lo cual fue usual asistente
en eventos latinoamericanos organizados por Cuba
o por el gobierno de Hugo Chávez en los
últimos años. En el 2006 fue jurado
del Premio Casa de las Américas en Cuba.
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Con sorpresa puede constatarse que lo ocurrido
en los últimos meses en Ecuador es el cumplimiento
fiel de un guión redactado desde antes
de que Correa se presentara a las elecciones presidenciales
del 2006. Correa, Acosta, ambos economistas de
formación, y un grupo graneado de intelectuales
y profesionales, formaron inicialmente el Foro
Ecuador Alternativo, desde el cual abrieron fuegos
contra la política económica de
dolarización de la economía.
Este grupo fue parte de las organizaciones que
contribuyeron a crear el clima de opinión
pública que llevó al alzamiento
de la clase media quiteña y al derrocamiento
del gobierno de Lucio Gutiérrez. Incluso
antes de estructurarse el Frente Amplio-Alianza
País, nombre con el cual Correa se presentó
en las elecciones del año pasado, ya este
grupo contaba con las líneas maestras para
un revolcón de la sociedad ecuatoriana.
Quienes en Ecuador esperaban que, dada la condición
de economista de izquierda de Correa, su primera
medida en el gobierno fuera la desdolarización,
se equivocaron. En el proyecto Correa-Acosta ese
punto apareció como un tema secundario,
en tanto que el verdadero esqueleto de su proyecto,
anunciado a lo largo de la campaña, es
modificar el Estado ecuatoriano. Durante los primeros
meses del gobierno de Correa, Acosta se encargó
del ministerio de Energía, cargo al cual
renunció para postularse a la Asamblea.
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Ya antes de las elecciones presidenciales del
2006, el grupo de Correa-Acosta tenía en
su poder los estudios jurídicos referidos
a la Asamblea Constituyente. Parte de las consideraciones
de esos análisis pasaban revista por la
experiencia exitosa para Hugo Chávez en
1999 y en las dificultades que Evo Morales desde
el comienzo ha tenido para imponer el esquema
de cambio a la izquierda vía Asamblea Constituyente.
Los juristas que asesoraron a Correa y Acosta
le aseguraron que debía ser convocada una
asamblea con carácter originario, no sujeto
al control de los poderes constituidos y con capacidad
para cambiarlo todo desde el mismo momento que
fuera instalada.
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Con estos informes en la mano, Correa y Acosta
armaron su proyecto político. Presentarían
su candidatura presidencial, no presentarían
candidatos al Congreso sabiendo que sólo
lograrían una baja representación.
Jugaron y ganaron a obtener un rotundo éxito
electoral que le permitiría, como en efecto
ocurrió, convocar a las elecciones de una
asamblea constituyente. Obteniendo mayoría
en esa asamblea, se procedería a disolver
al Congreso, como ya ocurrió el jueves
pasado, en la primera sesión de los constituyentes.
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El plan tenía un elemento adicional. Correa
colocaría su cargo a disposición
de la Asamblea, la cual lo debía ratificar
en el cargo. Desde el jueves pasado, el Presidente
ecuatoriano no detenta el poder en razón
de los votos que obtuvo en el 2006, sino por la
decisión de la Asamblea donde sus seguidores
son mayoría. Correa mandó para la
casa a la oposición que controlaba el parlamento,
el cual, como en Venezuela en el año 1999,
fue objeto de un claro golpe de Estado.
Al cumplirse a la perfección su plan, Ecuador
está en este momento en manos de los doctores
Correa y Acosta. El primero preside el poder Ejecutivo.
El segundo controla todo el aparato del Estado.
Aparte de disolver al parlamento y confirmar en
el cargo a su compañero Rafael Correa,
ya Acosta procedió a remover a altos funcionarios
y a juramentar a los reemplazos. El Fiscal de
la Nación y el Superintendente de Bancos
y Seguros fueron de las primeras cabezas que rodaron
en el inicio de esta revolución a la ecuatoriana.
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El tema de la aparición de pruebas de vida
de los secuestrados VIP que las Farc mantienen
en su poder, dará mucho que hablar en las
próximas semanas. Aparte del impacto emocional
que causan las imágenes de Ingrid Betancourt,
queda pendiente por analizar el manejo que las
Farc han dado al asunto de los secuestrados, en
términos de su agenda internacional.
Las pruebas de vida, fotos, videos y documentos
escritos, estaban reunidos en varios CDs, lo cual
da cuenta de la capacidad tecnológica que
la guerrilla maneja.
Lo que pudo ser un golpe positivo para la imagen
internacional de las Farc en caso de que voluntariamente
(y en un escenario favorable como Caracas o París)
hubieses entregado las pruebas de vida, se convirtió
en un duro golpe publicitario contra las Farc.
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El fin de semana pasada, los seguidores de Evo
Morales en la Asamblea Constituyente boliviana,
realizaron un conjunto de maniobras para aprobar
en primera discusión, un texto de la que
sería la nueva Constitución boliviana.
La constitución de Evo Morales incluye
la reelección perpetua del Presidente.
Igualmente relativiza el derecho a la propiedad
privada, al hacerlo depender de que “ésta
cumpla una función social” y de que
“no sea perjudicial al interés colectivo”.
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